La historia política
de Colombia tiene un nuevo hecho que la ha metido en una dinámica nueva. Esto
se puede decir porque en la hoja de vida de la república, se tiene memoria de
cómo la concreción de una dinámica política, ha dado principio a un nuevo
periodo, hasta el punto de poder hablar de antes y después. Así se dice antes o
después del liberalismo radical, o antes y después del frente nacional, etc.
Hoy asistimos al
hecho de tener la capital de la república inundada de basuras tal como ocurrió
en el año 2013. Puede decirse que Gustavo Petro y Enrique Peñalosa, los dos
últimos alcaldes, han sometido a los bogotanos a la indignidad de estar metidos
en un mar de lixiviados y desechos descompuestos. Ambos han faltado a la ley
por no garantizar la continuidad de ese servicio fundamental, ante un eventual
cambio de modelo.
Pero este hecho se
convierte en acontecimiento histórico, porque es la muestra contundente de la
apertura en Colombia de un periodo caracterizado por la confrontación de dos
imaginarios políticos: el de izquierda y el de derecha. La izquierda quiere
recuperar el predominio estatal en la prestación de los servicios públicos
básicos. La derecha quiere mantener la privatización de los mismos, con la
consecuente apropiación privada del tesoro público. Este vaivén en el que la
mano derecha borra lo que hace la izquierda, solo deja sufrimiento y violación
de los derechos humanos para los habitantes.
El acontecimiento
está en la solución que se le debe dar a esta ambivalencia política. Por más
sustentado que esté el regreso al poder público de una empresa privatizada, no
evitará que un gobierno futuro de inspiración derechista, regrese la empresa al
ámbito particular. Este juego perverso solo deja como perdedor el bien público.
Se avizora un devenir de hacer y deshacer, si no se eleva a mandato
constitucional el monopolio estatal el manejo de los servicios públicos. Y esto
exige un acuerdo nacional, como los que se pueden observar en la historia
colombiana.
Ejemplo de grandes
acuerdos nacionales son el que se hizo, después de la muerte de Bolívar, entre
autócratas y legalistas, para disolver la Gran Colombia y crear la república de
la Nueva Granada, separarla de Venezuela, constituirla con una carta política
plena del saber acumulado en veinte años de luchas, intrigas y sueños
independentistas, en un país sin partidos políticos en ese entonces.
Otro gran acuerdo se
hace, ya dentro del contexto partidista, para desamortizar los bienes
terrenales, afectados por intereses del más allá, correspondientes a donaciones
a la iglesia hechas por los fieles desde principios de la colonia y que para la
época de fundación de los partidos tradicionales, ascendían a un tercio de la
tierra inscrita dentro de la frontera agrícola del país. Ambos, liberales y
conservadores, le quitaron esa tierra a la iglesia, se la distribuyeron y la
metieron en rol productivo el mercado capitalista.
Después del
federalismo de los liberales radicales, se evidencia un acuerdo entre liberales
conservaduristas y conservadores teocráticos, para extirpar en la república,
los imaginarios políticos del liberalismo clásico roussoniano. El papel jugado
por el liberal radical converso Rafael Núñez, muestra la encarnación del
acuerdo. Este dejó gobernar, en sus cuatro periodos presidenciales consecutivos,
a Miguel Antonio Caro quien llevó a la práctica política los idearios sociales
del catolicismo.
Entre otros menores,
puede nombrarse el acuerdo mayor de la historia colombiana del siglo veinte, el
Frente Nacional. Luego de la matanza sistemática por el sectarismo partidista
entre gentes sencillas del campo y aupada por los jefes políticos de las
ciudades, se acordó elevar a mandato constitucional la repartición del poder
entre liberales y conservadores por dieciséis años, a partir del plebiscito de
1957.
Estos acuerdos
nombrados se lograron después de crueles conflictos. El cansancio producido por
la confrontación, obligó a la razón para zanjar las diferencias. Pero hoy que
se puede tener, leer y ponderar los acontecimientos del pasado, se le debe
ahorrar a la sociedad colombiana, muerte y sufrimiento. El juego que se
avecina: privatizar, estatalizar, privatizar, con la consecuente exposición de
violencia, es necesario evitarlo con un acuerdo nacional elevado a mandato
constitucional.
El tratamiento de
las basuras de Bogotá es solo la muestra de lo que va a pasar con la
alternancia en el poder entre derecha e izquierda. Para evitar este caos
prometido y darle sentido a la esperanza, acordemos el monopolio estatal de los
servicios públicos. Esto no es comunismo, ni socialismo. Es garantizar un
“progreso con dimensiones humanas” y vacunar las finanzas públicas contra las
ambiciones de los acumuladores de capital privados, que ya han demostrado utilizar
los servicios públicos para aumentar sus riquezas y prestar un pésimo servicio.
En los años sesenta
y setenta del siglo pasado se recurrió a las armas, por el monopolio político
legalizado en el Frente Nacional, por el mandato de la teoría de la guerra construida
en el siglo diecinueve o por creer que la violencia es el único medio de hacer
justicia. Recurso a las armas hoy inviable y caído en desgracia por los
crímenes de lesa humanidad cometidos. Hoy el recurso es a la sensatez extraída
del análisis científico de las ciencias sociales, aplicadas a la sociedad colombiana.
Las matanzas, el desarraigo de grandes masas, la insatisfacción de servicios
públicos para todos, la modernidad indefinidamente aplazada, son diagnósticos
perentorios. El remedio o la solución se pueden seguir aplazando, por mezquindad
u odio; pero solo será eso un aplazamiento.
Ese juego entre derecha
e izquierda, privatización estatalización alternadas, lo vivió Brasil con Vilma
y Lula, Ecuador con Lenin y Correa. Lo mas seguro vendrá en Venezuela después
del chavismo. Evitémoslo en Colombia. Vamos a manteles de una vez por todas y sobre
la mesa dejemos escrito un pacto que sacralice los servicios públicos en manos
del Estado. Lo demás se dejará a la libre competencia, a la ley de oferta y
demanda, a la dictadura del mercado, a la felonía de los acumuladores de
capital. Este acontecimiento es el que debe llevar a una nueva época en el
devenir de la historia política del país.
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