Hacha contra papel sellado. El primer punto del acuerdo de paz

Presidente a caballo. Fernando Botero 2008

Campo y campesinos objeto de injusticias ha sido la causa de todas las violencias en Colombia. Por eso creo, se ha puesto como primer punto en la agenda de la paz salida de la Habana. La cuestión agraria nunca se ha resuelto y su desorden y deriva, acompaña la historia de la república hasta nuestro tiempo.

Las reformas registradas en los siglos XIX y XX no han tenido efecto. Por eso el jefe del partido Centro Democrático se burla de la Reforma Rural Integral del acuerdo de la Habana. Dice que si una mente tan clara, estadista y construida como la de Carlos Lleras Restrepo no logró hacerla, mucho menos la harán esas personalidades menguadas de Timochenco y Juan Manuel Santos. Esta condena se parece a la que Laureano Gómez publicó en el periódico El Siglo en 1935, cuando fue inminente la reforma constitucional de Alfonso López Pumarejo: como se atreve a tocar este burdo presidente, la obra superior de las grandes plumas de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Tanto la expresión del Centro Democrático como la de Gómez, no son textuales las saco del recuerdo.

Las injusticias en Colombia han estado ahí, tanto tiempo que parecen inamovibles y para los conservaduristas de todos los matices son parte de la naturaleza del orden social. La concepción del Centro Democrático de una cuestión agraria intocable, se cae ante esos criterios aterrizados, sensatos, pactados en la Habana. Se percibe una voluntad política para sacar una Reforma Rural Integral, sin cambiar el modelo democrático moderno liberal, imperante en Colombia; así como se pensaron las reformas anteriores: reformar el campo acudiendo a la voluntad política del Estado y algunos sectores de propietarios campesinos. Pero esa voluntad fue quebrada por el interés particular y la concepción capitalista monopolista de los terratenientes. ¿Cómo se estableció esta?

La tierra en Colombia es una abundancia original, apropiada por especuladores sin escrúpulos. La historia de la tierra en Colombia, puede entenderse como historia del despojo. Los ibéricos despojaron a los indígenas a partir del año 1530. Los invasores no tumbaron monte, ni desbrozaron selva; se establecieron en las tierras cultivadas ancestralmente por las comunidades indígenas. Sometieron, esclavizaron a los indígenas en sus propios territorios y cultivos. Este episodio de opresión se reglamentó en 1670. La mano de obra indígena no podía estar a disposición de cualquiera; para acceder a ella debía mediar un protocolo. Por eso la corona española crea los resguardos y le impone a los indígenas un tributo en días de trabajo y en dinero, pagado por cabeza, llamado capitación. El resguardo fue una institución de inspiración medieval que luego entrará en conflicto con el orden republicano capitalista, instaurado desde principios del siglo XIX.

La monarquía española luego de la conquista y colonización del territorio llamado la Nueva Granada, instauró un régimen de tierras con tres figuras de posesión. En el momento del poblamiento, con la fundación de ciudades, y luego de reservar tierra para la plaza y edificios administrativos, se repartió solares entre los participantes del poblamiento. Los alrededores de la población se declararon Ejidos o tierra comunal para la pequeña caza y abasto de leña y agua.

La tierra de producción (indígena ancestral) se adjudicó al conquistador, bajo la institución de la encomienda. Esta se heredó por una, dos o tres vidas, al cabo de las cuales volvía a la corona. Las encomiendas retornadas al tesoro real y las vigentes al final del periodo colonial, fueron inventariadas y luego rematadas. Las causas de este remate estuvieron en la crisis financiera de la corona española por la guerra con la potencia capitalista de la época, Inglaterra.

En el virreinato de la Nueva Granada, creado en 1740 (territorio separado del virreinato del Río de la Plata), la población con capacidad de participar en el remate, fue la población criolla hijos de encomenderos y fundadores de pueblos. En las manos de estos criollos notables, la encomienda se transformó en hacienda y el encomendero se transformó en hacendado.

Se inauguró así una nueva figura de explotación de la tierra y un nuevo régimen de tenencia. Esta situación se potenció luego de la independencia. Los hacendados criollos llegaron al poder y crearon un Estado hacendario, es decir, un Estado al servicio de la hacienda como unidad básica de producción económica.

El nuevo Estado de la Nueva Granada, nació endeudado con Inglaterra y con los ricos antioqueños acumuladores de oro, con los servidores públicos, con los soldados veteranos, los maestros y los empleados administrativos. Ese nuevo Estado solo tuvo para pagar esa deuda pública, la inmensidad de la tierra baldía.

Desde 1821, la deuda pública del Estado se paga con bonos redimibles en tierra. Bonos apodados desventurados por su poco valor. La gran mayoría de quienes los recibieron, los vendieron a los comerciantes hacendados, los únicos con capacidad de esperar pacientemente, la oportunidad para redimirlos.

La bonanza de la quina (primeros treinta años de independencia) y luego la bonanza del tabaco a partir de 1840, propiciaron la ocasión para la redención de los desventurados. Se configuró así otro conflicto de tierras, luego del despojo indígena. Los baldíos adjudicados a los redentores de bonos (hacendados comerciantes), no lo eran; esa tierra estaba incorporada a la frontera agrícola por colonos, desde los primeros días de la república. Así, resultaron grandes latifundios, en manos de los hacendados comerciantes, en cuyos predios existían uno o varios pueblos fundados por campesinos.

Los colonos se entusiasmaron por la ley de tierras generada por la constitución de 1821. Según ella el Estado reconocería título de propiedad sobre toda la tierra puesta en producción; pero el colono nunca tuvo dinero con que pagar el acceso a la ley, acceso siempre mediado por abogados corrompidos. Esta lucha coloquialmente llamada “la lucha entre el hacha y el papel sellado”, produjo asesinatos, injusticias y esa terrible constante de ruralidad en Colombia: el desplazamiento.

La tierra en la época republicana fue un bien que debió someterse a la compraventa, a la ley de la oferta y la demanda, es decir al régimen de libertad económica capitalista. Eso explica la posición antipatriota tomada por los indígenas del sur. Esas comunidades resistieron los embates contra el resguardo. Los hacendados comerciantes, quienes hacen la independencia, necesitaron disolver el resguardo y acabar con ese tipo de propiedad corporativa y comunitaria. La ley grancolombiana (1821 – 1830) disolvía el resguardo y obligaba a repartir la tierra entre los indígenas, para hacerlos propietarios individuales, con plenas libertades para vender y meter así esa tierra en el mercado, en la lógica capitalista.

Lo mismo se hizo a partir de 1860 con la tierra en manos muertas. Esta figura indica la forma como la iglesia católica acumuló tierra, desde inicios de la colonia; tierra buena dentro de la frontera agrícola, es decir, tierra productiva. Para el año de 1860, el clero católico poseía un tercio de la tierra productiva del país, dedicada a dar lo mínimo para garantizar el bienestar de las almas de los donantes. Esa tierra amortizada, estuvo fuera de la lógica capitalista, y por acuerdo de los hacendados comerciantes de ambos partidos políticos (liberales y conservadores), se desamortizó, se remató y se metió en el mercado. Este conflicto social entre la elite capitalista colombiana y la iglesia católica, se resolvió con sendas guerras civiles y con la derrota del liberalismo radical, hasta que la iglesia logró, en 1886, el reconocimiento de una indemnización a perpetuidad del Estado colombiano por la tierra que se le quitó en 1863.

El siglo XIX terminó sin resolverse el problema de posesión de la tierra. La figura de la colonización de baldíos para luego ser reconocida la propiedad, no produjo los resultados esperados: crear una sociedad de propietarios. Las dificultades para el reconocimiento de títulos, obligó a la mano de obra campesina, desde el fondo del siglo XIX, a inscribirse en la hacienda bajo la figura de aparceros, agregados o arrendatarios. Estas tres modalidades ocupaban la tierra a cambio de trabajo para el hacendado, por tiempo indefinido y por generaciones.

Las guerras mundiales, el volcamiento de la economía hacia el cultivo de café y el inicio de la industrialización, exigieron la modernización de la sociedad colombiana. Las reformas necesarias las asumió el partido liberal en cabeza de Alfonso López Pumarejo. En 1936 se reformó la constitución, la educación, el sindicalismo y en especial la tenencia de la tierra. López hizo una reforma agraria, tendiente a hacer propietarios a aparceros, agregados y arrendatarios, estatalizar las tierras improductivas y liberar la mano de obra de los lazos feudales que aún subsistían en el campo, para que llegase a las ciudades, donde la naciente industria la necesitaba.

La ley 100 de 1936 posibilitaba a los trabajadores atados al latifundio, hacerse propietarios, luego de demostrar diez años de residencia y cultivo. Los terratenientes respondieron expulsando a aparceros, agregados y arrendatario, para evitar la aplicación de la ley. Los campesinos expulsados, unos llegaron a las ciudades, otros crearon los primeros focos guerrilleros del siglo XX en el sur del Tolima.

Estas reformas modernizantes fueron violentamente atacadas, por la iglesia católica y sectores tradicionales fuertemente empotrados en ambos partidos tradicionales. En vez de pensar el país en los términos de la dinamización social propuesta por el liberalismo de López, prefirieron incendiarlo. El campo fue sometido a la violencia sistemática, ocasionando desplazamiento del campo a la ciudad. El sectarismo político llevó la violencia a las ciudades y toda la sociedad se disolvió.

La cuestión agraria, seguía sin resolverse y se hizo más lejana la posibilidad de una reforma de la tenencia de la tierra. La guerra no declarada expuesta en Colombia desde 1945 no la paró la dictadura militar de 1953, ni el frente nacional de 1958. El campo colombiano vio aparecer el fenómeno guerrillero en los primeros años de la década de los sesenta. La violencia sufrida creó una base social campesina que recepcionó la propuesta de la lucha armada. El prestigio logrado por la guerrilla obligó una acción política del poder bipartidista para detenerlo. Quien la ejecutó fue Carlos lleras Retrepo. En su gobierno 1966 – 1970, creó las instituciones descentralizadas, y entre ellas el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA). En la base de esta reforma estuvo la organización de los campesinos como Asociación de Usuarios Campesinos a través de la cual llegaría la adjudicación de baldíos y tierras incultas. Las intrigas del poder y divisiones de los usuarios campesinos prolongó en el tiempo la reforma hasta que Misael Pastrana Borrero en el segundo año de su gobierno pactó con los terratenientes del país el aplazamiento indefinido de una reforma agraria en Colombia.

Ahora en este año de 2016, el hecho de estar en el primer punto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, la cuestión agraria, es la inscripción de las aspiraciones de los campesinos, sistemáticamente frustradas desde los orígenes de la república. Adjudicación de baldíos y tierras incultas para los desposeídos es una reivindicación bicentenaria y parece que por fin se realizará.