Fernando Botero. Manuel Marulanda 'Tiro Fijo' 1999
Las posiciones tomadas por los colombianos en los últimos
acontecimientos políticos, están cruzadas por el reinado de la opinión pública.
En esta época de supremacía de los medios masivos de comunicación en manos del
gran capital, la opinión pública viene de ellos y obedece a un diseño de
contenidos con sus respectivas respuestas, según los intereses de los dueños.
Esta manipulación es evidente en la actual coyuntura política en
Colombia. Los medios de comunicación funcionan con una supuesta imparcialidad
manifiesta, pero tienen un currículo oculto, que les permite, además de burlar
la imparcialidad, presentar una cara púdica. Con esta condición, le dan más
protagonismo a la información de sus afectos político ideológicos y poco a sus
desafecciones. En el juego de la coyuntura política actual, las posiciones a
favor o en contra del pacto de la Habana, pasan por este juego y se puede hacer
un balance: en televisión el canal RCN, tiene su carga a favor del No. El canal
Caracol a favor del Si. En la radio, las dos emisoras del mismo nombre tienen
un igual esquema como la tele. Y hay otras emisoras puestas al servicio
exclusivo de las dos posiciones.
La actual coyuntura política en insoslayable y exige una toma de
posición de todos los colombianos. Se trata de acabar con más de cincuenta años
de guerra entre el Estado colombiano y las FARC, la guerrilla comunista más
importante del país. La figura es la negociación, el acuerdo, un pacto, la
firma de un tratado de paz, para acabar con la guerra, con la confrontación. No
es un armisticio entre un vencedor y un vencido. No es la entrega y abdicación
de uno de los dos contendores. Esta característica de la coyuntura se debe
proclamar y hacer presente para que coadyuve a la toma de una posición consciente
y acorde con el momento.
Los dueños de grandes capitales tienen posiciones potenciadas por los
intereses económicos y la posición de las gentes del común la potencia los
medios masivos de comunicación. La gente del común expresa la opinión pública,
que además del ingrediente del medio masivo, tiene la tradición o la llamada idiosincrasia
del colombiano: autoritaria, de las vías de hecho, revictimizador de la víctima,
vivo que vive del bobo, depredador de lo público, amigo del que dirán y no del
análisis.
Las posiciones tienen su propio enfoque sobre la coyuntura. La que
quiere aceptar el acuerdo de la Habana, le pone el ingrediente de la historia
de Colombia en la que observa la sistemática negación de una tercerización
política en el país; la dificultad para acceder a los bienes económicos, a los
servicios públicos de salud, vivienda y la educación. Y entre negaciones y
dificultades, la violación de los derechos humanos, en especial el más
preciado, el derecho a la vida. La posición que le dice si al acuerdo de la
Habana, tiene el fundamento de la racionalidad histórica y esta se ve que envuelve
el texto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto. Son doscientas noventa
y siete páginas de argumentación histórica, auxiliada por múltiples reflexiones
tomadas de las ciencias sociales y humanas, construidas a la luz de la teoría del
conflicto social.
La posición que le dice no al acuerdo es ahistórica y cree en la
eternidad de las instituciones. Esto se deduce cuando afirman que el acuerdo es
la abdicación de las instituciones colombianas ante el terrorismo. Decirlo es
concebir el orden social del país inamovible y si algo cambia debe ser por
aceptación y bendición del poder de los intereses económicos de los dueños de
grandes capitales, como se puede observar desde el nacimiento de la república.
El segundo punto del acuerdo: crear un Sistema Integra de Seguridad
para el Ejercicio de la Política, señala directamente una de las causas del
conflicto, la negación de una participación política en Colombia amplia y
abierta a todas las concepciones políticas progresistas. Este es el punto más
atacado por los impulsores del no a la acuerdo de la Habana, porque enfrenta el
sistema político oligárquico, reservado para los dueños de la riqueza.
El primer orden constitucional republicano independiente, la
constitución de Cúcuta de 1821, restringió la participación política. Estableció
el sufragio cualificado para los alfabetos y adinerados. Esta restricción se
mantuvo hasta 1853. La constitución de ese año permitió el sufragio a todos los
varones mayores de edad. El sufragio universal se adoptó en la constitución de
1886; pero fue solo de nombre porque solo votaron los varones mayores de edad y
alfabetos, no votaron los analfabetos y las mujeres.
Las restricciones electorales y el bipartidismo, indican una
democracia incompleta, un régimen oligárquico que le cabe también el nombre
plutocracia. Las instituciones se cambiaban de acuerdo a la facción que tomaba
el poder. Hubo cambios luego de cada guerra civil y estas ocurrieron cada diez
años. La guerra terminaba en asamblea constituyente.
El concepto de instituciones inamovibles y perpetuas como la
iglesia, la constitución, el bipartidismo se acuñó luego de la constitución de
1886, con la que se inauguró una hegemonía conservadora de cuarenta y cuatro
años. Por estos años los propietarios agrarios, comerciantes, industriales y la
iglesia, en una especie de acuerdo tácito, reaccionaron contra todo intento de
libertad de pensamiento y de reforma del Estado. Las nuevas ideas políticas del
obrerismo, el socialismo y el comunismo, fueros satanizadas y los profesantes
perseguidos, encarcelados y asesinados. La lista es larga: muerte y destierro de
Melo y los artesanos en 1854; el asesinato de Rafael Uribe Uribe en 1913, la masacre
de las bananeras en 1928… hechos tendientes a impedir la salida del poder de
las manos de los dos partidos tradicionales. La historia de la participación
política del siglo XX, se concibe como una guerra civil no declarada contra los
intentos de nuevos hombres con nuevas ideas, de llegar al poder.
La muerte de Gaitán, la dictadura de Rojas, el bombardeo de
Marquetalia por Guillermo Valencia, el zarpazo al triunfo de la ANAPO por
Lleras Restrepo, el exterminio de la Unión Patriótica y la reacción paramilitar
de 1986 al 2008, son acontecimientos que mostraron la utilización del Estado
por los dueños propietarios agrarios, comerciantes, industriales y la iglesia para
impedir profundizar la democracia.
Hablar de instituciones inamovibles y de la necesidad de preservarlas
de los asedios de pretendientes por fuera de la tradición, es cegarse ante la
contundencia del peso de la historia. Decir que el Sistema Integral de
Seguridad para el Ejercicio de la Política del acuerdo de la Habana, es la
quiebra de las instituciones y la abdicación del Estado ante el terrorismo, es utilizar
la opinión pública de manera visceral para seguir manteniendo ese ser
colombiano tradicional e impedir la construcción de un ciudadanos con derechos
y respetuoso de los derechos y deberes. Un ciudadano democrático, pacífico, solidario
con las víctimas, ponderado, respetuoso de lo público, analítico y por tanto
racional.
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